Varias ciudades del condado de San Diego han argumentado que los proyectos de construcción pública financiados localmente no están sujetos a las normas salariales vigentes en el estado. Una nueva ley estatal que entrará en vigor el 1 de enero de 2015 exige que las ciudades autónomas paguen los salarios prevalecientes independientemente de la fuente de financiación. Hacer caso omiso de esta ley resultaría en la pérdida de la mayor parte del dinero estatal para la construcción.
El juez del Tribunal Superior Joel Wohlfeil emitió una decisión provisional el miércoles rechazando los argumentos de las cuatro ciudades que presentaron la demanda. Aún no ha emitido un fallo definitivo.
Las tasas salariales vigentes pretenden reflejar el salario común en una región y proporcionar una escala salarial estándar para cada oficio calificado. Según la ley, el salario prevaleciente debe pagarse en todos los proyectos de obras públicas superiores a $25,000 para construcción y $15,000 para alteración, demolición, reparación o mantenimiento.
Los salarios vigentes y otras leyes salariales están diseñadas para garantizar un trabajo de calidad y proteger a los trabajadores de la explotación. Los trabajadores que no reciben un pago justo y de acuerdo con las leyes pueden presentar una queja y buscar reparación a través de una acción privada iniciada por una firma de abogados laborales como Donahoo & Associates, PC.
Lea más sobre el reciente fallo en un artículo reciente en el San Diego Union-Tribune.
